LA UNIÓ Llauradora i Ramadera y el resto de las organizaciones que componen la Unión de Uniones ha conseguido que los grupos políticos en el Congreso de los Diputados aprobaran ayer la modificación de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que prohíbe de forma general la quema de restos vegetales. Gracias al trabajo realizado queda eliminada la normativa aprobada hace seis meses que no permitía realizar quemas agrícolas de forma generalizada.
Desde el pasado mes de abril, LA UNIÓ trabajó intensamente para evitar la prohibición de las cremas agrícolas en la peor época del año y una vez entrada en vigor la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que impulsó el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera y, donde en aquel momento se logró una moratoria en su aplicación de tres años para las poblaciones con Planes Locales de Quema.
En su traslación a las comunidades autónomas, Les Corts tienen en fase de tramitación la proposición de ley de residuos y suelos contaminantes para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, donde siguiendo la línea de LA UNIÓ se pretende dejar fuera de su ámbito de aplicación «a la paja, rastrojos y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, que se utilice en la silvicultura o en explotaciones agrícolas o ganaderas para acolchado o incorporación al suelo, compostaje, alimento o camas para animales, u otros usos agrarios, o bien para la producción de energía a partir de biomasa, siempre que se emplean procedimientos o métodos que no ponen en peligro la salud humana o dañan el medio ambiente.» Por lo tanto, uno de los objetivos de LA UNIÓ que era que este tipo de leyes no considerarán a los restos agrícolas como residuo, va por buen camino en la Comunitat Valenciana y ahora también en el resto del Estado.
LA UNIÓ puso de manifiesto su desacuerdo desde el momento en el que se publicó la Ley de residuos estatal y alertó a los grupos políticos en el Congreso, proponiéndoles la derogación en el plazo de presentación de enmiendas, que finalizó a finales de agosto, en el primer proyecto de ley, a fin de no dilatar su aprobación.
La prohibición de quemas agrícolas comportaba costes económicos en todas las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y costes ambientales, ya que habría que haber trasladado incontables toneladas de restos vegetales a centros de tratamiento o bien comprar o alquilar maquinaria para triturarlos, lo que, además del sobrecoste para el campo, habría provocado una mayor emisión de CO2.
LA UNIÓ, además, señala que con esta prohibición la Administración iba más allá de lo previsto en las directivas de la Unión Europea de residuos y la relativa a la reducción de las emisiones, que no establecen la obligación de la prohibición con carácter general y, al contrario, obligan a velar por que se tenga en cuenta el impacto en las pequeñas explotaciones agrarias.