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La Diputación ha aprobado una partida de 160.689,18 euros para que los ayuntamientos de la provincia de menos de 6.000 habitantes puedan hacer frente a las prestaciones de atención primaria de ayuda a las familias que a consecuencia de la crisis de la Covid-19 están atravesando por serias dificultades. Es una cantidad adicional obtenida tras la reestructuración del presupuesto de 2020, que se suma a los 703.334 euros habilitados a principios de año para la atención primaria a las familias. “Con estos fondos se proporcionan ayudas directas a las familias, se actúa contra la pobreza energética y se presta ayuda a domicilio a las personas que lo necesitan, ha señalado el presidente de la Diputación, José Martí.
Las ayudas directas, como recuerda la vicepresidenta de la institución provincial y responsable de Bienestar Social, Patricia Puerta, son para alimentación, alquileres y adquisición de productos de primera necesidad; la lucha contra la pobreza energética está orientada a impedir los cortes de agua o luz en los hogares y el servicio de ayuda a domicilio es el que se ofrece a las personas mayores o con discapacidad que todavía no tienen reconocida la prestación por dependencia.
Son decisiones que impulsa el equipo de gobierno al comprobar que «los servicios sociales municipales han quedado totalmente desbordados por la profundidad de la crisis que se ha generado con la emergencia sanitaria», destaca Puerta. En todos los casos, la concesión de estas ayudas estará respaldada por informes de los trabajadores sociales de los ayuntamientos y habrán de ser justificadas en tiempo y forma.
«Lo que pretende el equipo de gobierno con esta actuación es transferir fondos a los ayuntamientos para que puedan ayudar a las familias vulnerables de sus municipios impidiendo que nadie quede abandonado a su suerte», subraya.
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