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· Insta a Oltra a llevar a cabo una actualización de las inspecciones de todas las residencias y centros dependientes de la Generalitat, así como de los planes para garantizar la seguridad· Bastidas pide que “se materialice la equiparación salarial de los trabajadores de residencias a los profesionales de la sanidad para evitar la fuga de profesionales”· Denuncia que “el 36% de las residencias públicas no tienen contrato y eso tiene un nombre incompetencia, incapacidad e ineptitud” |
23, febrero, 2022.- La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts y vicesecretaria de política social del PPCV, Elena Bastidas, ha exigido hoy a Oltra que licite y adjudique inmediatamente los contratos de gestión y prestación de servicios de todas aquellas residencias de mayores que los tienen caducados”.
La portavoz adjunta del GPP ha denunciado “que la Conselleria de Oltra ha pagado más de 560 millones de euros en servicios que se prestan desde su departamento y que están fuera de contrato” y ha instado al departamento de la Vicepresidenta “a llevar a cabo una actualización de las inspecciones de todas las residencias y centros dependientes de la Generalitat, así como de todos los planes que garantizan su seguridad”.
Elena Bastidas ha denunciado que “el 36% de las residencias públicas de mayores no tienen contrato y eso solo se debe a la incompetencia, la incapacidad y la ineptitud de la gestión de Oltra”.
Elena Bastidas ha manifestado que “ya es hora de que se materialice la equiparación salarial de los trabajadores de residencias de personas mayores a los profesionales de la sanidad de forma inmediata” y ha exigido al Consell que “Habilite las medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales y profesionales de los enfermeros y enfermeras que trabajan en residencias de personas mayores para evitar su fuga a puestos en sanidad”.
Así, Bastidas ha denunciado que “ya han pasado 2 años desde que Oltra se comprometió a homologar los sueldos en las residencias, pero se ha demostrado que era un anuncio más, vacío de contenido”.
En este sentido, la portavoz adjunta del GPP ha afirmado que el Consell de Puig debe “suprimir la obligatoriedad de reserva del 5% plazas residenciales para llevar a cabo aislamientos y tiene que potenciar la colaboración público-privada para dar respuesta a las crecientes necesidades de plazas en residencias y centros de atención de mayores para aproximar a la media nacional el número de plazas residenciales para mayores de 65 años”.
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