El senador de Compromís, Carles Mulet, ha anunciado hoy que planteará en la Cámara Alta distintas iniciativas en el Senado tras dar a conocer el Gobierno las escandalosas cifras que reconocen que en los últimos años entre 1.200 personas y 4.000 han quedado anualmente sin asistencia sanitaria en las cárceles estatales.
En una respuesta del Gobierno a preguntas de Mulet, el ejecutivo señala que, en los últimos seis años, casi 17.000 consultas no se han podido llevar a cabo por la falta de medios de custodia, esto son efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil encargados de los desplazamientos. «Que nadie lleve a una persona al médico o al hospital a curarse por falta de medios implica que la Administración está fallando gravemente. Las consultas en los recintos penitenciarios se han desmantelado y no se está garantizando el derecho a la asistencia sanitaria, lo que nos parece preocupante«, ha alertado el senador valencianista.
Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han coincidido con Compromís en que «nadie puede quedarse sin la atención médica» y que la dinámica de eliminar recursos humanos y medios necesarios para la atención médica a los internos del sistema sanitario penitenciario «provoca cada vez más salidas a centros hospitalarios«. Entre 2016 y 2021 la Guardia Civil ha llevado a cabo 162.075 conducciones a dependencias sanitarias a 266.728 internos de centros penitenciarios. Durante ese mismo periodo de tiempo, han sido canceladas 43.777 consultas o asistencias médicas en centros hospitalarios para internos de centros penitenciarios, de las cuales 13.256, más de un 30%, se han perdido por carecer de agentes suficientes.
«Estas cifras han mejorado aparentemente, pero de forma ficticia, en los últimos años, como consecuencia de la pandemia, período durante el cual las consultas se realizaban por videoconferencia y no había prácticamente desplazamientos a los centros hospitalarios», afirma la formación.
Nuevas acciones
Por este motivo el senador planteará nuevas iniciativas para conocer qué medidas va a adoptar el Gobierno para erradicar estas cifras y modernizar la flota de vehículos que realiza los desplazamientos de estos internos. «Ya que en ocasiones se trata de vehículos antiguos que no van dotados de cinturones, algo que impide un correcto traslado de personas heridas, además de no ser legal», explica. Por otro lado, la coalición planteará la transferencia de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, «para que todos puedan ahorrar, optimizar los efectivos de los cuerpos que ahora se dedican a realizar traslados, así como evitar desplazamientos innecesarios y dotar a las prisiones del personal que necesitan, tal y como está previsto en la Ley de Seguridad Ciudadana, algo que el Estado no está previendo«.